Órdenes desde el rascacielos: cómo las multinacionales dirigen la persecución de activistas ambientales a miles de kilómetros de distancia

A finales de 2021, Berta Isabel Zúniga Cáceres —hija de la defensora ambiental hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016— presentó ante un tribunal británico documentación que vinculaba a directivos de la empresa energética Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con el asesinato de su madre. DESA era una subsidiaria con financiamiento parcial de bancos europeos. La cadena que iba desde el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca hasta el gatillo que mató a Berta Cáceres pasaba por despachos en Amsterdam y Londres.

Ese caso no es una anomalía. Es un patrón.

La arquitectura de la distancia plausible

Las grandes corporaciones extractivas han perfeccionado durante décadas lo que los analistas jurídicos denominan «arquitectura de la distancia plausible»: una estructura de subsidiarias, subcontratistas y empresas de seguridad privada que permite a las matrices del Norte Global beneficiarse de la represión sin aparecer directamente vinculadas a ella.

El mecanismo funciona, grosso modo, de la siguiente manera. Una empresa minera con sede en Toronto o en Londres constituye una subsidiaria local —frecuentemente en un paraíso fiscal— que a su vez contrata los servicios de una empresa de seguridad privada registrada en el país de operación. Esa empresa de seguridad mantiene relaciones informales con unidades militares o policiales locales, a las que provee de información sobre líderes comunitarios opositores al proyecto. La violencia que sigue —amenazas, detenciones arbitrarias, agresiones, asesinatos— aparece en los registros como un acto del Estado o de actores desconocidos. La matriz en Toronto registra el trimestre con beneficios récord.

Documentar esta cadena requiere acceso a comunicaciones internas, registros financieros y testimonios que las empresas se esfuerzan sistemáticamente por ocultar. Sin embargo, en los últimos años, una combinación de filtraciones, litigios estratégicos y periodismo de investigación ha comenzado a iluminar esa arquitectura desde dentro.

Los actores: quiénes son y dónde operan

Un análisis de los casos documentados por la organización Business and Human Rights Resource Centre entre 2015 y 2023 permite identificar categorías recurrentes de actores en la cadena de represión.

Las empresas de inteligencia corporativa. Firmas como Control Risks, G4S o Mintz Group —con sedes en Londres, Nueva York y Washington— ofrecen servicios de «gestión de riesgos» que incluyen perfilado de activistas, monitoreo de redes sociales y elaboración de informes sobre «amenazas a la operación». Estos informes, cuando llegan a manos de actores estatales o paramilitares locales, funcionan como listas de objetivos. En el caso de la mina Las Bambas en Perú, correos internos filtrados durante un proceso judicial mostraron cómo informes elaborados por una firma de inteligencia privada contratada por la empresa operadora Glencore eran compartidos con unidades de la policía nacional peruana.

Los bancos de desarrollo y los inversores institucionales. Instituciones como el International Finance Corporation (IFC), brazo del Banco Mundial, o fondos de pensiones europeos y norteamericanos financian con frecuencia proyectos que generan conflictos socioambientales. Su responsabilidad es menos directa pero no menos real. Cuando el IFC financia un proyecto sin garantizar que se cumplan sus propias salvaguardas sociales y ambientales, está habilitando la represión con dinero público.

Las firmas de relaciones públicas y lobbying. Empresas como Burson Cohn & Wolfe o FTI Consulting se especializan en gestionar la narrativa pública de proyectos extractivos controvertidos. Parte de ese trabajo consiste en desacreditar a los opositores: presentar a líderes indígenas como agentes de potencias extranjeras, vincular a organizaciones ambientales con grupos violentos, o fabricar consensos sociales inexistentes. Esta desacreditación sistemática no dispara balas, pero prepara el terreno para que otros lo hagan.

Los mecanismos de comunicación: cómo viajan las órdenes

Uno de los hallazgos más perturbadores de las investigaciones recientes es la sofisticación de los canales de comunicación entre las sedes corporativas y los actores locales de represión. Ya no se trata —si alguna vez lo fue— de llamadas telefónicas comprometedoras. Los mecanismos son más sutiles y más difíciles de rastrear.

El primero es la transferencia de información mediante informes de riesgo. Una empresa matriz encarga a su departamento de asuntos corporativos o a una consultora externa un informe sobre «actores hostiles» en la zona de operación. Ese informe identifica por nombre, afiliación y actividad a líderes comunitarios. El informe se comparte con la subsidiaria local, que a su vez lo comparte —formal o informalmente— con autoridades locales. La empresa matriz puede sostener que nunca ordenó ninguna acción concreta.

El segundo mecanismo es la financiación indirecta. A través de asociaciones empresariales locales, fundaciones o programas de «responsabilidad social corporativa», las empresas canalizan fondos hacia actores que se encargan de labores de vigilancia o presión sobre comunidades opositoras. En Guatemala, investigaciones del Ministerio Público han documentado cómo asociaciones de agricultores agroexportadores financiadas parcialmente por empresas bananeras transnacionales pagaban a informantes que reportaban actividades de organizaciones campesinas.

El tercero, y quizás el más opaco, es la omisión deliberada. Cuando una empresa sabe —o debería saber— que su presencia en un territorio está generando violencia contra defensores ambientales y no actúa para impedirlo, esa omisión constituye, en términos jurídicos emergentes, complicidad. El estándar de diligencia debida que está desarrollando la Unión Europea con su Directiva sobre Sostenibilidad Empresarial apunta precisamente en esta dirección.

Las responsabilidades legales que pueden ejercerse hoy

La buena noticia —si puede llamarse así— es que el marco legal internacional está evolucionando en una dirección que hace cada vez más difícil mantener esa distancia plausible.

En Francia, la Ley de Deber de Vigilancia de 2017 obliga a las grandes empresas a identificar y prevenir los riesgos de vulneraciones de derechos humanos y del medio ambiente en toda su cadena de valor, incluidas las subsidiarias y los proveedores. Varias organizaciones de la sociedad civil latinoamericana han comenzado a utilizar esta ley para presentar reclamaciones contra empresas francesas que operan en la región.

En el Reino Unido, el caso Lungowe v. Vedanta Resources —resuelto por el Tribunal Supremo británico en 2019— estableció que los tribunales ingleses tienen jurisdicción para juzgar a empresas matrices por daños causados por sus subsidiarias en terceros países. Esta sentencia abre una vía procesal de enorme importancia para comunidades latinoamericanas afectadas por empresas con sede en Londres.

En los Estados Unidos, el Alien Tort Statute, aunque limitado por sentencias recientes de la Corte Suprema, sigue siendo un instrumento explorado por organizaciones de derechos humanos para vincular a empresas norteamericanas con violaciones cometidas en el exterior.

Lo que hace falta: inteligencia colectiva contra la impunidad

Documentar estas conexiones requiere recursos que las comunidades afectadas raramente tienen. Requiere acceso a registros mercantiles en múltiples jurisdicciones, análisis de flujos financieros internacionales, capacidad de litigio en tribunales del Norte Global y, sobre todo, tiempo.

Por eso, la respuesta no puede ser individual ni local. Lo que necesitamos —y lo que plataformas como Salvaguardemos pueden contribuir a construir— es una red de inteligencia colectiva que conecte a las comunidades afectadas con periodistas de investigación, abogados especializados en derecho corporativo transnacional y analistas financieros capaces de leer entre líneas de un balance contable.

La cadena que va desde el rascacielos hasta el territorio puede rastrearse. Ya se ha rastreado en casos como el de Berta Cáceres, el de las comunidades afectadas por Chevron en Ecuador o el de los pueblos indígenas desplazados por represas en Brasil. Cada caso que se documenta, cada nombre que se pone sobre la mesa, cada sentencia que establece responsabilidad es un eslabón menos en la arquitectura de la impunidad.

El miedo que sienten los defensores ambientales latinoamericanos tiene una dirección. Viene de lejos. Y es hora de que la justicia también recorra esa distancia.