Contabilidad del horror: metodologías para registrar los crímenes ambientales que América Latina paga con sangre

En 2023, Global Witness documentó que al menos 177 defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo. Más de dos tercios de esas muertes ocurrieron en América Latina. Sin embargo, esa cifra —ya de por sí devastadora— no recoge a quienes murieron de cáncer por beber agua contaminada con mercurio en la cuenca del Amazonas, ni a los niños de La Oroya, en Perú, que crecieron con plomo en la sangre mientras una multinacional registraba beneficios en sus informes anuales. La violencia ambiental corporativa no siempre llega con una bala. A veces llega en silencio, diluida en el agua del grifo.

Documentar esta violencia —en todas sus formas, velocidades y geografías— no es un ejercicio académico. Es el primer paso para exigir responsabilidades.

La doble ceguera de los registros oficiales

Los sistemas de registro estatal en la mayoría de los países latinoamericanos presentan dos fallas estructurales cuando se trata de crímenes vinculados a la destrucción ambiental. La primera es la invisibilización: las muertes relacionadas con la contaminación industrial raramente se clasifican como tales en los certificados de defunción. Un trabajador que muere de insuficiencia renal crónica tras años de exposición a agroquímicos en las plantaciones de caña de azúcar de América Central figura, en el papel, como una víctima de enfermedad renal, no como víctima del modelo agroexportador.

La segunda falla es la fragmentación. Los homicidios de líderes comunitarios que se oponen a proyectos mineros o hidroeléctricos se registran como crímenes comunes, desvinculados del contexto extractivista que los genera. Esta desconexión deliberada —o negligente, según el caso— impide construir patrones, y sin patrones no hay responsabilidad sistémica.

Hacia un archivo de la culpabilidad corporativa

Varias organizaciones de la sociedad civil han comenzado a desarrollar metodologías alternativas que permiten reconstruir esa cadena causal que el Estado omite. El Environmental Justice Atlas, con sede en Barcelona pero nutrido en gran parte por datos latinoamericanos, ha catalogado más de 3.500 conflictos socioambientales activos en el mundo, documentando no solo los hechos de violencia sino también los actores empresariales involucrados, las cadenas de suministro afectadas y los marcos legales aplicables.

En América Latina, organizaciones como FIAN Internacional, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han desarrollado sus propios protocolos de documentación que combinan tres dimensiones fundamentales:

Primera dimensión: la violencia aguda. Registro sistemático de amenazas, agresiones, desplazamientos forzados y asesinatos, con georreferenciación precisa y correlación temporal con hitos del proyecto extractivo o infraestructural en cuestión. Esta correlación temporal es clave: cuando las amenazas se intensifican en las semanas previas a una votación comunitaria sobre un proyecto minero, la coincidencia deja de ser casual y se convierte en evidencia.

Segunda dimensión: la violencia lenta. Aquí la metodología se complica y se vuelve más urgente a la vez. Documentar el daño a la salud causado por contaminación industrial requiere estudios epidemiológicos longitudinales que los Estados raramente financian cuando la empresa contaminante representa una fuente importante de ingresos fiscales. Ante esta omisión, comunidades del Chaco paraguayo, de la Amazonía ecuatoriana y de la región de Atacama en Chile han comenzado a desarrollar lo que algunos investigadores denominan «epidemiología popular»: los propios afectados recopilan datos de salud, construyen mapas de enfermedad y los cruzan con datos de producción industrial disponibles públicamente.

Tercera dimensión: el daño cultural e intergeneracional. La destrucción de un territorio sagrado, la contaminación de un río que sostiene la identidad de un pueblo indígena, el desplazamiento que rompe la transmisión de conocimientos tradicionales: estos daños no aparecen en ninguna estadística convencional, pero son reales, medibles y atribuibles a actores concretos.

Los marcos legales disponibles y sus límites

En el plano jurídico internacional, el Acuerdo de Escazú —ratificado por 15 países latinoamericanos— establece obligaciones específicas en materia de protección de defensores ambientales y acceso a la información. Sin embargo, la ratificación formal no garantiza su aplicación efectiva. Brasil, principal potencia de la región, aún no lo ha ratificado, y países como Colombia lo han firmado pero registran cifras record de asesinatos de líderes socioambientales.

Más prometedor resulta el avance hacia un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, impulsado precisamente por un grupo de países latinoamericanos encabezados por Ecuador y Sudáfrica. Este instrumento, cuando se concrete, permitiría por primera vez exigir responsabilidad directa a las empresas matrices —con sede en el Norte Global— por los daños causados por sus subsidiarias en la región.

A nivel doméstico, experiencias como la de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos en 2018, abren vías para vincular la destrucción ambiental con violaciones de derechos fundamentales de forma directa y justiciable.

Comunidades como archivistas de su propio dolor

Pero quizás la metodología más poderosa no surge de los despachos jurídicos ni de las universidades, sino de las propias comunidades afectadas. En el Putumayo colombiano, mujeres organizadas en torno a la Asociación de Mujeres del Yarí han construido durante años un archivo oral y fotográfico de los daños causados por la industria petrolera. En el altiplano boliviano, comunidades aymaras mantienen registros detallados de los cambios en los patrones de lluvia, en la calidad del agua y en la salud del ganado que correlacionan directamente con la expansión de la minería de litio.

Estos archivos comunitarios tienen un valor probatorio creciente ante instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a admitirlos como evidencia en procedimientos de medidas cautelares, reconociendo que la ausencia de registros oficiales no puede operar siempre en favor del Estado o la empresa, sino que debe invertirse la carga de la prueba cuando existe un patrón sistemático de omisión.

La urgencia de un repositorio regional

Lo que falta —y lo que organizaciones como Salvaguardemos debemos impulsar— es un repositorio regional interconectado que agregue, sistematice y haga políticamente utilizable toda esta información dispersa. Un archivo que no solo cuente los muertos, sino que nombre a quienes tomaron las decisiones que los condujeron a su destino. Que no solo registre los ríos envenenados, sino que trace la línea que va desde el laboratorio donde se aprobó el vertido hasta el consejo de administración que firmó el contrato.

Contar los crímenes ambientales con rigor y con nombres propios no es un acto de odio. Es el requisito mínimo de la justicia.