El saqueo silencioso del mar: flotas industriales extranjeras arrasan las aguas latinoamericanas mientras los pescadores artesanales ven morir su forma de vida

Hay una guerra que se libra lejos de las cámaras, más allá de la línea del horizonte, donde el agua azul se convierte en el escenario de una extracción tan voraz como sistemática. No hay disparos, pero hay víctimas. No hay trincheras, pero hay territorios ocupados. Las flotas pesqueras industriales de corporaciones transnacionales —muchas de ellas con sede en Asia, Europa o Estados Unidos— operan en las aguas de América Latina con una eficacia devastadora que ningún conflicto armado podría igualar en términos de destrucción ecológica.

Lo que está en juego no es solo el pescado. Es el futuro de comunidades enteras que llevan generaciones construyendo su vida alrededor del mar.

La geometría del despojo: cómo funciona la pesca industrial transnacional

Para entender la dimensión del problema hay que entender primero cómo operan estas flotas. Las grandes corporaciones pesqueras rara vez actúan de forma directa y visible. Su método preferido es la triangulación legal: constituyen filiales en países con regulaciones laxas, enarbolan pabellones de conveniencia en naciones que apenas fiscalizan sus embarcaciones, y negocian acuerdos de acceso con gobiernos que, en demasiados casos, priorizan los ingresos a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo.

El resultado es que un buque factoría que en la práctica responde a intereses chinos o europeos puede faenar legalmente frente a las costas de Perú, Ecuador o Senegal, capturando volúmenes que ninguna comunidad local podría asumir sin colapsar el ecosistema. Según datos de la organización Global Fishing Watch, en los últimos años se ha registrado una presencia creciente de flotas de bandera extranjera en la zona económica exclusiva de varios países latinoamericanos, con picos especialmente alarmantes frente a las costas del Pacífico sudamericano.

Lo que estas embarcaciones extraen no regresa al territorio. Se procesa en alta mar, se congela, se etiqueta y se vende en mercados europeos o asiáticos. El valor añadido, los empleos, la riqueza: todo viaja lejos. Lo que queda son aguas empobrecidas y comunidades sin alternativas.

Regulaciones de papel: la brecha entre la norma y la realidad

No es que falten marcos legales. América Latina cuenta con legislaciones pesqueras que, sobre el papel, establecen vedas, cuotas y zonas protegidas. El problema es estructural: los organismos encargados de hacer cumplir esas normas carecen de recursos, de personal capacitado y, en muchos casos, de voluntad política real para enfrentarse a actores con el músculo económico de las grandes corporaciones pesqueras.

La corrupción agrava el cuadro. En varios países de la región se han documentado casos de funcionarios de instituciones pesqueras que han facilitado licencias irregulares o han mirado hacia otro lado ante capturas que superaban con creces los límites autorizados. Las comunidades denuncian, pero sus voces se pierden en laberintos burocráticos diseñados, consciente o inconscientemente, para agotar a quienes no tienen recursos para sostener una batalla legal prolongada.

A esto se suma la opacidad de las cadenas de suministro. Rastrear el origen de un producto del mar desde la góndola de un supermercado europeo hasta el caladero donde fue capturado es, en la práctica, casi imposible. Esa oscuridad es rentable para las corporaciones y mortal para los ecosistemas.

Los rostros invisibles de la crisis: comunidades costeras en el límite

En las caletas del norte de Chile, en los pueblos pesqueros de la costa ecuatoriana, en las orillas del Caribe colombiano, la historia se repite con variaciones locales pero con el mismo trazo de fondo. Los pescadores artesanales —hombres y mujeres que salen al mar con embarcaciones pequeñas, con artes de pesca selectivas, con un conocimiento del territorio marino acumulado durante generaciones— ven cómo sus capturas se reducen año tras año. Al principio culpan a la climatología. Luego empiezan a notar las siluetas enormes de los buques industriales en el horizonte.

La pesca artesanal en América Latina emplea directamente a más de dos millones de personas, según estimaciones de la FAO, y sostiene indirectamente a comunidades mucho más amplias a través de cadenas de procesamiento, comercialización y servicios asociados. Cuando esa pesca colapsa, no solo desaparecen empleos: se disuelven identidades colectivas, se fragmentan tejidos sociales y se acelera la migración hacia las ciudades, donde estas poblaciones suelen integrarse en los segmentos más precarios de la economía urbana.

Las mujeres son, con frecuencia, las más golpeadas. Muchas de ellas trabajan en la recolección de mariscos, en la transformación artesanal del pescado y en la venta directa en mercados locales. Cuando el recurso desaparece, su actividad económica —a menudo invisible para las estadísticas oficiales— es la primera en evaporarse.

Resistencias desde la orilla: cuando las comunidades toman la palabra

Pero frente al despojo hay también resistencia, y merece ser nombrada con la misma energía con que se denuncia la devastación.

En Ecuador, organizaciones de pescadores artesanales han logrado articular demandas colectivas ante organismos internacionales, exigiendo la revisión de acuerdos pesqueros que consideran lesivos para sus derechos. En Chile, comunidades costeras han impulsado la figura de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), que otorgan a las organizaciones locales el control sobre determinadas zonas marinas y han demostrado ser más efectivas para la conservación que muchas medidas estatales. En Colombia, grupos de pescadoras del Pacífico han comenzado a documentar con teléfonos móviles la presencia de embarcaciones industriales en zonas vedadas, construyendo archivos de evidencia que luego trasladan a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.

Estas experiencias tienen algo en común: la convicción de que la soberanía sobre el territorio marino no puede delegarse ni venderse, y de que las comunidades que han vivido del mar son también las más capacitadas para protegerlo.

Lo que los Estados deben hacer —y rara vez hacen

La solución no puede recaer únicamente sobre los hombros de las comunidades. Los Estados tienen responsabilidades ineludibles: fortalecer la capacidad de vigilancia y control en sus zonas económicas exclusivas, revisar críticamente los acuerdos de acceso pesquero firmados con potencias extranjeras, garantizar la participación real de las comunidades costeras en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos marinos, y exigir transparencia en las cadenas de suministro a través de mecanismos de trazabilidad efectivos.

En el plano internacional, América Latina tiene la oportunidad de articular posiciones comunes en foros como la FAO o en el marco del Tratado de Alta Mar recientemente adoptado, para reclamar reglas del juego más justas en la gobernanza de los océanos.

El mar no es un recurso infinito. Y el tiempo para actuar tampoco lo es.

Salvaguardar el mar es salvaguardar a quienes lo habitan

Defender los océanos de América Latina no es una causa abstracta ni un lujo ecológico. Es una cuestión de justicia: justicia para las comunidades que han construido su vida alrededor del mar durante siglos y que hoy ven cómo ese patrimonio colectivo es saqueado por actores que no rinden cuentas ante nadie. Es también una cuestión de soberanía: la soberanía sobre los recursos naturales es inseparable de la soberanía política y cultural de los pueblos.

Mientras las corporaciones pesqueras industriales continúen operando en la impunidad, el horizonte seguirá siendo el mismo: aguas vacías, comunidades empobrecidas y ganancias que viajan lejos, muy lejos de quienes pagaron el precio real de producirlas.