Cuerpos indígenas como laboratorio: el negocio farmacéutico que experimenta con los más vulnerables sin su consentimiento

Hay una geografía del riesgo que las grandes corporaciones farmacéuticas conocen muy bien. No es una geografía de volcanes ni de huracanes: es la geografía de la pobreza, del abandono institucional y de la distancia entre un Estado y los cuerpos que dice representar. En esa geografía —que atraviesa comunidades quechuas en los Andes, poblaciones mayas en Mesoamérica, grupos guaraníes en el Cono Sur— se realizan hoy ensayos clínicos que difícilmente obtendrían aprobación en los países donde esas mismas empresas tienen su sede central.

Lo que ocurre no siempre adopta la forma de una conspiración. Muchas veces es más sutil y, por eso, más difícil de combatir: es la acumulación de ventajas que obtiene quien llega con recursos, con batas blancas y con promesas de atención médica gratuita a territorios donde el sistema de salud pública brilla por su ausencia.

El consentimiento que no lo es

El consentimiento informado es, en teoría, el pilar ético de cualquier investigación con seres humanos. La Declaración de Helsinki de la Organización Mundial de la Salud y el Convenio 169 de la OIT son explícitos: ninguna persona puede participar en un ensayo clínico sin comprender plenamente los riesgos, los objetivos y su derecho a retirarse en cualquier momento. Para comunidades indígenas, ese principio se extiende a la consulta previa, libre e informada con las autoridades colectivas.

La realidad documentada cuenta otra historia. Investigaciones académicas y denuncias de organizaciones como GRAIN, Salud por Derecho y el Observatorio del Derecho a la Salud han recogido testimonios de participantes en ensayos realizados en Guatemala, Perú, Bolivia y Brasil que nunca recibieron documentación en su lengua materna, que firmaron formularios que no podían leer o que directamente no firmaron nada. En algunos casos, la promesa de acceso a medicamentos o de una consulta médica —bienes escasos en sus territorios— operó como una coacción encubierta que anuló cualquier posibilidad de negativa libre.

La asimetría es estructural. Una empresa farmacéutica transnacional llega con abogados, traductores entrenados para simplificar sin informar y la capacidad de ofrecer lo que el Estado no da. Frente a eso, una comunidad sin acceso a asesoría jurídica independiente no tiene margen real de negociación.

Los vacíos legales que hacen posible la explotación

América Latina carece de un marco regulatorio homogéneo para los ensayos clínicos. Países como México, Colombia o Argentina tienen agencias reguladoras con cierta capacidad de supervisión —COFEPRIS, INVIMA y ANMAT, respectivamente—, pero sus recursos son limitados y su alcance en territorios rurales e indígenas es prácticamente nulo. En naciones con menor capacidad institucional, la situación es aún más grave.

Las farmacéuticas aprovechan esa fragmentación de forma deliberada. Registran los ensayos en jurisdicciones con requisitos más laxos, subcontratan a organizaciones locales de investigación clínica —conocidas como CRO, por sus siglas en inglés— que asumen la responsabilidad operativa y diluyen la cadena de rendición de cuentas, y publican los resultados en revistas internacionales sin que las comunidades participantes tengan acceso a esos datos ni a los beneficios derivados de ellos.

El caso más documentado en la región sigue siendo el de los ensayos de anticonceptivos inyectables realizados en comunidades rurales de México y Puerto Rico durante las décadas de 1950 y 1960, pero la práctica no es historia pasada. Entre 2010 y 2022, al menos una docena de investigaciones publicadas en revistas especializadas reveló irregularidades en el reclutamiento de participantes indígenas en ensayos de vacunas, antiparasitarios y tratamientos para enfermedades tropicales en Brasil, Perú y Bolivia.

Datos que valen millones, comunidades que no reciben nada

Más allá del daño inmediato a la salud —que en algunos casos incluye efectos adversos no comunicados, tratamientos interrumpidos de forma abrupta y ausencia de seguimiento postensayo—, hay una dimensión económica que rara vez se discute: el valor de los datos biológicos y genéticos que estas investigaciones generan.

Las muestras de sangre, tejido y material genético recolectadas en comunidades indígenas tienen un valor científico y comercial extraordinario, precisamente porque esas poblaciones presentan características genéticas poco representadas en las bases de datos globales. Esos datos alimentan el desarrollo de fármacos que luego se venden a precios inaccesibles en los mismos países donde fueron obtenidos. Es, en términos precisos, una doble expropiación: del cuerpo y del futuro.

El Convenio sobre Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya establecen mecanismos de participación en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos, pero su aplicación en el ámbito de la investigación clínica sigue siendo marginal. Las comunidades raramente conocen esos instrumentos, y los Estados raramente los hacen valer.

Las herramientas que existen y las que faltan

No todo es impunidad. Existen mecanismos que, bien utilizados, pueden proteger a las comunidades y abrir vías de reparación.

En el plano internacional, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha documentado casos de violaciones en ensayos clínicos y puede recibir comunicaciones de organizaciones de la sociedad civil. El sistema interamericano de derechos humanos —tanto la Comisión como la Corte Interamericana— ha reconocido en varias sentencias el derecho a la consulta previa como condición indispensable para cualquier intervención en territorios indígenas, lo que incluye la investigación biomédica.

En el plano nacional, algunas organizaciones indígenas han comenzado a desarrollar protocolos propios de consentimiento, redactados en sus lenguas y validados por sus autoridades tradicionales, que funcionan como un contrapeso a los formularios estandarizados de las farmacéuticas. Estas iniciativas, impulsadas por redes como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), representan un avance significativo en la construcción de soberanía sobre el propio cuerpo y el propio conocimiento.

Lo que falta es más: legislación nacional que exija participación en beneficios de forma obligatoria, registros públicos y accesibles de todos los ensayos realizados en el país, capacidad real de las agencias reguladoras para llegar a territorios remotos, y mecanismos de responsabilidad civil y penal para las empresas que violen las normas de consentimiento.

Salvaguardar el cuerpo es también política

Defender el derecho al consentimiento informado en comunidades indígenas no es una cuestión técnica ni exclusivamente médica. Es una cuestión de poder. Es preguntarse quién decide qué cuerpos son prescindibles, quién acumula el conocimiento generado sobre esos cuerpos y quién se beneficia de los medicamentos que ese conocimiento produce.

Mientras las grandes farmacéuticas registren ganancias récord —el sector superó los 1,4 billones de dólares en ingresos globales en 2023— y sigan externalizando el riesgo de sus ensayos hacia las poblaciones más vulnerables del planeta, hablar de justicia sanitaria sin hablar de justicia colonial será, simplemente, una evasión.

Salvaguardar a las comunidades indígenas de esta forma de explotación exige articular la denuncia con la acción legal, la presión política y, sobre todo, el fortalecimiento de la autonomía de quienes llevan siglos siendo objeto de estudio sin ser nunca sujetos de derechos.