Cinco siglos de biopiratería: los instrumentos legales que América Latina puede activar para exigir reparación por sus recursos genéticos

La quina curó la malaria de media Europa. La quinua alimenta hoy los desayunos saludables de Berlín y Nueva York. El veneno de la rana dardo amazónica inspiró analgésicos que generan miles de millones de dólares anuales. En todos estos casos, el conocimiento que hizo posible esos productos proviene de comunidades indígenas y campesinas latinoamericanas que, en la inmensa mayoría de los casos, no recibieron ni un centavo de compensación. La biopiratería no es un fenómeno del pasado: es un sistema que sigue operando, apenas disimulado bajo capas de patentes, denominaciones científicas y contratos de investigación redactados en idiomas que los pueblos afectados no hablan.

Sin embargo, el panorama jurídico internacional ha cambiado de forma significativa en las últimas dos décadas. América Latina cuenta hoy con herramientas legales que, correctamente articuladas, pueden convertirse en palancas poderosas para exigir reparación económica y reconocimiento. El reto es que esas herramientas se usen de manera coordinada, con voluntad política y respaldo comunitario.

El Protocolo de Nagoya: una llave que muchos países aún no han girado

Adoptado en 2010 en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización es el instrumento más robusto disponible en derecho internacional para abordar la biopiratería. Su principio central es el llamado ABS (Access and Benefit Sharing): cualquier entidad —empresa farmacéutica, laboratorio de biotecnología, consorcio agroindustrial— que acceda a recursos genéticos de un país signatario debe negociar previamente condiciones de acceso y compartir los beneficios obtenidos con el Estado proveedor y, cuando corresponda, con las comunidades locales.

De los treinta y tres países de América Latina y el Caribe, veinticuatro han ratificado el Protocolo. Sin embargo, la ratificación formal no equivale a implementación efectiva. Brasil, Colombia, Perú y México poseen marcos normativos nacionales relativamente desarrollados, pero la mayoría de los demás países carece de los registros, los procedimientos administrativos y la capacidad técnica necesarios para hacer valer sus derechos en la práctica. La distancia entre el texto del tratado y su aplicación real es el espacio donde la biopiratería continúa prosperando.

Victorias que demuestran que es posible

No todo son obstáculos. Existen precedentes que prueban que la lucha jurídica puede dar frutos concretos.

El caso más citado es el de la maca peruana (Lepidium meyenii). A finales de los años noventa, varias empresas estadounidenses intentaron patentar extractos y variedades de esta planta andina, cuyo uso medicinal y alimentario está documentado en comunidades quechuas desde hace milenios. La movilización de organizaciones indígenas peruanas, respaldada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), logró impugnar decenas de esas patentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Aunque el proceso fue largo y costoso, varias solicitudes fueron rechazadas o retiradas, sentando un precedente sobre la validez del conocimiento tradicional como «estado de la técnica» que impide la patentabilidad.

En Colombia, la comunidad embera-chamí del departamento de Risaralda obtuvo en 2019 un acuerdo de beneficios compartidos con una empresa europea de cosméticos que utilizaba extractos de una planta conocida localmente como chagual. El acuerdo, negociado con acompañamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), incluyó regalías sobre ventas, financiamiento para proyectos comunitarios y transferencia de tecnología para procesamiento local. Aunque modesto en cifras absolutas, el caso demostró que el mecanismo ABS puede funcionar cuando existe voluntad institucional y organización comunitaria.

Los vacíos que el Norte explota sistemáticamente

A pesar de estos avances, el sistema presenta grietas estructurales que las corporaciones conocen y explotan con precisión. El primero y más grave es la ausencia de mecanismos retroactivos: el Protocolo de Nagoya no se aplica a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales que fueron apropiados antes de su entrada en vigor en 2014. Esto deja sin cobertura cinco siglos de extracción colonial y neocolonial.

El segundo vacío es la dificultad de rastrear el origen de los recursos genéticos una vez que han sido modificados, sintetizados o combinados en un laboratorio. Las grandes farmacéuticas invierten recursos considerables en «oscurecer» la cadena de origen de sus compuestos activos, dificultando que los países proveedores puedan demostrar el vínculo entre su biodiversidad y el producto final patentado.

El tercero es la asimetría de poder en las negociaciones: un Estado latinoamericano de ingresos medios que intenta negociar con un consorcio farmacéutico transnacional no dispone ni de la misma capacidad legal ni del mismo acceso a información técnica que su contraparte.

Una estrategia regional coordinada: la propuesta que falta

Frente a estas limitaciones estructurales, cada vez más juristas, activistas y funcionarios de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comunidad Andina coinciden en que la respuesta más eficaz no puede ser nacional sino regional.

Una estrategia coordinada implicaría, al menos, cuatro líneas de acción simultáneas. La primera sería la creación de un registro regional de conocimientos tradicionales, de acceso restringido pero consultable por autoridades nacionales, que permita documentar el estado de la técnica preexistente y bloquear patentes ilegítimas en las oficinas del Norte. La segunda sería el establecimiento de un fondo común de litigación estratégica, financiado por los propios países latinoamericanos y por la cooperación internacional, que permita costear los procesos legales que hoy resultan prohibitivos para comunidades y Estados pequeños.

La tercera línea sería la negociación de cláusulas ABS robustas en todos los acuerdos comerciales y de cooperación científica que los países latinoamericanos suscriban, eliminando la práctica de aceptar exenciones a cambio de acceso a mercados. La cuarta, y quizás la más transformadora, sería impulsar en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una reforma que exija la divulgación obligatoria del origen de los recursos genéticos en toda solicitud de patente biotecnológica.

Lo que está en juego

La biodiversidad latinoamericana no es un inventario de curiosidades naturales: es un patrimonio estratégico cuyo valor económico se mide en billones de dólares. La región alberga entre el 40 y el 50 por ciento de la biodiversidad del planeta. Cada vez que un laboratorio del Norte registra una patente basada en un compuesto originado en la selva amazónica, los Andes o el Caribe sin compensar a sus custodios, se perpetúa una transferencia de riqueza que ningún acuerdo de libre comercio contabiliza.

Reclamar esa deuda no es solo un acto de justicia histórica. Es también una condición indispensable para que las comunidades que han protegido esa biodiversidad durante generaciones tengan los recursos económicos necesarios para seguir haciéndolo. Sin reparación, la conservación se convierte en una carga que el Sur carga solo para beneficio del Norte.

El marco legal existe. Las victorias parciales demuestran que es posible avanzar. Lo que falta es la decisión política de actuar de manera coordinada, con las comunidades como protagonistas y no como testigos, antes de que el próximo compuesto activo cruce el Atlántico sin dejar rastro.