Ríos robados, pozos secos: cómo el capital transnacional vacía el agua de América Latina para enriquecer al Norte

Hay una imagen que debería indignar a cualquier persona con conciencia: en el Valle de Ica, en la costa peruana, campesinas caminan más de dos horas bajo el sol para encontrar agua potable, mientras a pocos kilómetros de distancia las plantaciones de espárragos de una empresa española riegan hectáreas interminables destinadas a los supermercados de Madrid y Barcelona. El agua que hace posible esa exportación proviene del mismo acuífero que alimentaba a las comunidades locales durante generaciones. Hoy ese acuífero está al borde del colapso.

Esta escena no es una excepción. Es la norma en gran parte de América Latina, donde el agua dulce —uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI— se ha convertido en el nuevo campo de batalla del extractivismo.

El agua virtual: el robo que no se ve

Los economistas ecológicos utilizan el concepto de «agua virtual» para describir el volumen de agua incorporado en la producción de bienes exportados. Cuando Chile envía un kilo de aguacates a Europa, no solo está exportando fruta: está exportando aproximadamente 283 litros de agua que nunca regresarán a sus cuencas de origen. Cuando Argentina exporta soja transgénica, cada tonelada lleva consigo más de 1.700 metros cúbicos de agua embebida en el proceso productivo.

Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, América Latina exporta anualmente hacia el Norte Global más agua virtual de la que contiene el río Amazonas en varios meses de caudal. El continente más rico en biodiversidad hídrica del planeta es, paradójicamente, uno de los que más agua pierde en términos netos a través del comercio internacional.

Este flujo invisible beneficia directamente a los países importadores, que evitan el coste ambiental de producir esos bienes en sus propios territorios. Es, en términos prácticos, una subvención hídrica encubierta que América Latina ofrece al mundo rico sin recibir nada a cambio.

Tres casos que ponen nombre al despojo

La Araucanía chilena y las forestales. En el sur de Chile, comunidades mapuche llevan décadas denunciando que las plantaciones masivas de eucaliptos y pinos de empresas como Arauco y CMPC han secado sus vertientes y pozos. Estas especies foráneas consumen entre tres y cuatro veces más agua que la vegetación nativa que reemplazaron. El resultado es una sequía estructural en territorios que históricamente nunca la padecieron. Mientras tanto, la celulosa producida con ese agua «prestada» se exporta a Asia y Europa.

El litio y los salares del norte argentino. La extracción de litio en la Puna argentina requiere bombear millones de litros de agua salobre de los salares, ecosistemas extremadamente frágiles que funcionan como reguladores hídricos de toda la región. Las empresas mineras —muchas de ellas con capitales chinos, estadounidenses y europeos— obtienen concesiones a precios irrisorios y sin estudios de impacto ambiental rigurosos. Las comunidades atacameñas y quechuas que dependen de esas fuentes para su ganadería y su consumo cotidiano asisten impotentes al vaciamiento de sus territorios.

El Acuífero Guaraní y la agroindustria brasileña. El Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más grandes del mundo, se extiende bajo Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Allí, la expansión del agronegocio exportador —especialmente la soja y la caña de azúcar— ha multiplicado la extracción a ritmos que superan con creces la capacidad de recarga natural del sistema. Estudios del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil alertan de que en varias zonas la presión del acuífero ha caído de forma irreversible en las últimas dos décadas.

Las reglas del juego están escritas para el despojador

El problema no es solo técnico ni económico: es profundamente político. Los marcos jurídicos que regulan el acceso al agua en la mayoría de los países latinoamericanos fueron diseñados —o profundamente reformados— durante las décadas de hegemonía neoliberal de los años ochenta y noventa, cuando los organismos financieros internacionales impusieron la privatización de los servicios hídricos como condición para sus préstamos.

Chile es el caso más extremo: su Código de Aguas, heredado de la dictadura de Pinochet, permite la compraventa de derechos de agua en el mercado libre como si se tratara de acciones bursátiles. Aunque una reforma aprobada en 2022 introdujo algunas correcciones, el modelo de mercado sigue intacto en lo esencial. En ese contexto, las corporaciones transnacionales tienen todas las ventajas: capital para comprar derechos, abogados para defenderlos y conexiones políticas para ampliarlos.

Frente a este poder, las comunidades rurales e indígenas compiten en una cancha radicalmente inclinada. Cuando logran organizarse y llevar sus denuncias a los tribunales, se enfrentan a procesos que se prolongan durante años mientras el daño continúa produciéndose.

Soberanía hídrica: construir el derecho desde abajo

Sin embargo, América Latina también es la región donde han surgido algunas de las respuestas más innovadoras a este despojo. Ecuador y Bolivia incorporaron en sus constituciones el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el derecho humano al agua, abriendo caminos jurídicos que, aunque imperfectos en su aplicación, representan una ruptura conceptual con el paradigma extractivista.

En Colombia, la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos marcó un precedente jurídico que ya está siendo citado en litigios de otros países. En México, comunidades indígenas del Estado de Sonora han conseguido suspender proyectos de extracción minera argumentando violaciones al derecho al agua ante tribunales federales.

Desde el activismo y la academia, cada vez más voces reclaman la construcción de un marco regional de soberanía hídrica que incluya, al menos, tres elementos fundamentales: primero, la contabilización del agua virtual en los acuerdos comerciales, de manera que los países exportadores puedan cobrar por el recurso incorporado en sus productos; segundo, la declaración de zonas de reserva hídrica donde ninguna actividad extractiva pueda operar independientemente de los derechos de concesión existentes; y tercero, mecanismos de reparación para las comunidades que ya han sufrido daños irreversibles.

El tiempo apremia

El cambio climático añade una capa de urgencia que no puede ignorarse. Los modelos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático prevén que América Latina experimentará una reducción significativa en las precipitaciones en sus zonas semiáridas a lo largo de este siglo, precisamente las regiones donde la presión extractiva sobre el agua es mayor. En ese contexto, continuar exportando agua virtual a ritmos actuales equivale a hipotecar el futuro de millones de personas para financiar la prosperidad del presente de los países ricos.

Salvaguardemos el agua es, en última instancia, salvaguardar la vida misma. Y hacerlo requiere algo más que declaraciones de intención: exige transformaciones jurídicas profundas, solidaridad regional entre los países del Sur y, sobre todo, la decisión política de anteponer los derechos de las comunidades a los intereses de las corporaciones. El agua no puede ser una mercancía más en el catálogo del extractivismo. Es un bien común, y como tal debe ser defendido.