El reverso verde del colonialismo: cómo la expansión de energías renovables en América Latina desplaza a quienes siempre protegieron la tierra

Hay algo profundamente perturbador en la imagen de un parque eólico reluciente en tierras que pertenecieron durante generaciones a una comunidad indígena que nunca fue consultada. O en la de una represa hidroeléctrica que inunda valles enteros para proveer electricidad a ciudades lejanas mientras los pueblos ribereños pierden sus cultivos, sus cementerios y su memoria colectiva. Estas no son situaciones excepcionales en América Latina. Son el patrón dominante de lo que los grandes organismos internacionales llaman, sin ironía aparente, «transición energética justa».

La pregunta que muchos movimientos sociales y comunidades están comenzando a plantear con fuerza creciente es la siguiente: ¿justa para quién?

Energía limpia, despojo sucio

México es quizás el ejemplo más documentado de esta contradicción. En el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, la instalación de cientos de aerogeneradores por parte de empresas europeas y estadounidenses ha sido acompañada de denuncias sistemáticas de irregularidades en los procesos de consulta previa con comunidades zapotecas e ikojts. Organizaciones como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio han documentado cómo los contratos de arrendamiento fueron firmados con intermediarios sin mandato comunitario, cómo las compensaciones económicas prometidas nunca llegaron en su totalidad y cómo los aerogeneradores interrumpen rutas migratorias de aves y alteran el acceso a tierras de cultivo y pesca.

En Chile, la región de Atacama —hogar del pueblo lickanantay y de los ecosistemas más áridos y frágiles del continente— se ha convertido en el destino preferido de inversiones en energía solar a gran escala. El problema es que esas instalaciones consumen cantidades ingentes de agua en una zona donde el agua es, literalmente, un bien sagrado y escaso. Las comunidades locales no solo no se benefician de la energía generada, que se destina principalmente a la minería del cobre y a la exportación, sino que ven cómo su territorio se degrada para satisfacer demandas energéticas que no son las suyas.

En Brasil, la historia de las represas en la cuenca amazónica es larga y dolorosa. Desde Tucuruí en los años ochenta hasta Belo Monte en la década pasada, cada gran proyecto hidroeléctrico ha dejado tras de sí un rastro de comunidades desplazadas, ecosistemas destruidos y promesas de desarrollo incumplidas. Belo Monte, en particular, se convirtió en símbolo internacional de la tensión entre la narrativa de la energía renovable y la realidad del despojo: desplazó a decenas de miles de personas, alteró irreversiblemente el flujo del río Xingú y generó una resistencia encabezada por figuras como la activista Antônia Melo y apoyada por movimientos de todo el mundo.

El mito de la consulta previa

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la mayoría de los países latinoamericanos, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma libre, previa e informada antes de cualquier proyecto que afecte a sus territorios. En la práctica, sin embargo, este derecho es sistemáticamente vaciado de contenido.

Las consultas se realizan cuando los proyectos ya están aprobados y los contratos firmados. Se hacen en idiomas que las comunidades no dominan plenamente. Se convocan con plazos imposibles. Se llevan a cabo ante representantes elegidos por las propias empresas o por funcionarios estatales que tienen interés en el resultado. Y cuando las comunidades dicen no, ese «no» rara vez detiene el proyecto.

Esta realidad revela que el problema no es solo de implementación deficiente. Es un problema estructural: los marcos legales vigentes permiten que el Estado declare de «utilidad pública» un proyecto energético y lo imponga incluso contra la voluntad expresa de las comunidades afectadas. La transición energética, tal como está diseñada, no cuestiona esa lógica. La aprovecha.

La lógica extractivista con paneles solares

Lo que está ocurriendo en América Latina no es una transición energética en sentido pleno. Es, en muchos casos, un cambio en la fuente de energía que mantiene intacta la lógica extractivista: los recursos naturales del Sur —tierra, viento, agua, sol— son utilizados para satisfacer demandas del Norte o de élites locales, mientras las comunidades que habitan esos territorios asumen los costos sin recibir los beneficios.

Este esquema tiene incluso una nueva dimensión colonial: los minerales críticos necesarios para fabricar baterías, paneles solares y vehículos eléctricos —litio, cobalto, cobre, níquel— se extraen masivamente en América Latina, el Congo y el Sudeste Asiático bajo condiciones laborales y ambientales que difícilmente serían toleradas en los países que consumen esos productos terminados. La «economía verde» del Norte se construye, en parte, sobre el cuerpo del Sur.

Modelos alternativos: cuando la energía es de quien la necesita

Existen, sin embargo, experiencias que demuestran que otra transición energética es posible. En Oaxaca, algunas comunidades zapotecas han desarrollado proyectos de generación eólica de pequeña escala, propiedad y gestión comunitaria, que proveen electricidad a los hogares locales y generan ingresos que se reinvierten en la propia comunidad. En Bolivia, cooperativas rurales han instalado sistemas solares fotovoltaicos en comunidades remotas sin conexión a la red, con formación técnica local que garantiza el mantenimiento y la apropiación del conocimiento.

Estos modelos comparten características esenciales: la propiedad colectiva o comunitaria de la infraestructura, la toma de decisiones participativa, la priorización del consumo local sobre la exportación y el respeto a las formas de organización territorial preexistentes. No son proyectos piloto marginales. Son demostraciones concretas de que la soberanía energética y la sostenibilidad ambiental pueden ir de la mano.

Lo que hay que exigir

Salvaguardar el planeta no puede significar sacrificar a las comunidades que durante siglos han sido sus guardianas más efectivas. Una transición energética verdaderamente justa en América Latina requiere, como mínimo, que la consulta previa sea vinculante y no meramente procedimental; que los proyectos de energía renovable a gran escala sean evaluados con los mismos estándares de impacto territorial que cualquier otro proyecto extractivo; que se prioricen modelos de generación distribuida y propiedad comunitaria sobre los megaproyectos orientados a la exportación; y que los Estados latinoamericanos dejen de subvencionar con tierra, agua y exenciones fiscales a empresas transnacionales cuyas ganancias no se quedan en los territorios que las generan.

La energía del viento y del sol debería ser, por definición, un bien común. Que se haya convertido en un nuevo vector de despojo es una elección política, no una fatalidad técnica. Y como toda elección política, puede —y debe— ser revertida.