Defender la tierra, arriesgar la vida: la persecución sistemática de los activistas ambientales en América Latina

Berta Cáceres sabía que estaba en peligro. Lo había dicho en entrevistas, lo había denunciado ante organismos internacionales, lo llevaba grabado en la memoria de cada amenaza recibida. Aun así, siguió organizando a su pueblo lenca contra la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras. En marzo de 2016, fue asesinada en su propia casa. Su caso conmocionó al mundo durante unos días. Luego el ciclo continuó.

Desde entonces, cientos de defensores del medioambiente han sido asesinados en América Latina. Según Global Witness, la región concentra más del 70% de todos los homicidios de activistas ambientales registrados en el planeta. No se trata de tragedias aisladas. Es un patrón sistemático, y tiene nombre, estructura y cómplices.

Un mapa de la represión

Los datos son contundentes. En 2023, Global Witness documentó 177 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. La mayoría ocurrieron en Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala. Colombia encabeza tristemente el ranking desde hace varios años consecutivos, con decenas de líderes sociales y ambientales asesinados anualmente, muchos de ellos en territorios donde operan industrias extractivas o grupos armados que las protegen.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. La criminalización —el uso del sistema judicial como arma— es quizás la forma más extendida y menos visible de represión. Activistas son acusados de terrorismo, sabotaje industrial, perturbación del orden público o usurpación de tierras. Pasan meses o años en procesos judiciales que los agotan económicamente, los alejan de sus comunidades y los neutralizan políticamente sin necesidad de una bala.

En México, el caso de las comunidades del Istmo de Tehuantepec que se opusieron a proyectos eólicos ilustra este mecanismo: dirigentes indígenas zapotecas fueron procesados bajo cargos fabricados mientras las empresas avanzaban con sus obras. En Perú, líderes amazónicos que bloquearon carreteras para protestar contra derrames petroleros de Petroperú enfrentaron acusaciones penales que tardaron años en resolverse.

Los actores detrás de la persecución

Entender quién persigue a los activistas es fundamental para combatir esa persecución. La respuesta es incómoda porque involucra actores que suelen presentarse como parte de la solución.

Las empresas extractivas —mineras, petroleras, agropecuarias— frecuentemente contratan seguridad privada, financian grupos de presión local y utilizan bufetes jurídicos especializados en desacreditar a las comunidades opositoras. En algunos casos documentados por organizaciones como FIDH y Amnistía Internacional, han financiado directamente campañas de desprestigio y han compartido información sobre activistas con actores armados.

Los Estados actúan como cómplices activos o pasivos. La criminalización judicial es una herramienta estatal. La omisión ante amenazas documentadas también lo es. En Honduras, las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres determinaron que el Estado había recibido alertas tempranas sobre los riesgos que ella corría y no actuó. En Brasil, bajo ciertos gobiernos, la política oficial de expansión de la frontera agrícola fue acompañada de un incremento exponencial en la violencia contra líderes indígenas y campesinos.

Los grupos paramilitares y el crimen organizado operan en muchas regiones como ejecutores de facto de intereses económicos. La narcoeconomía y la economía extractiva ilegal se superponen en territorios donde el Estado está ausente o es cómplice, creando zonas de impunidad donde matar a un activista tiene un costo casi nulo.

Casos que no debemos olvidar

Más allá de las estadísticas, hay historias que merecen ser nombradas.

Máxima Acuña, campesina peruana que resistió durante más de una década los intentos de Minera Yanacocha de despojarla de sus tierras en Cajamarca. Fue criminalizada, hostigada y sometida a años de juicios. Ganó, pero el precio pagado fue enorme.

Edwin Chota y los líderes asháninka del Perú, asesinados en 2014 en la selva amazónica por madereros ilegales después de haber denunciado reiteradamente las amenazas que recibían ante las autoridades peruanas, sin obtener ninguna respuesta.

Samir Flores, activista mexicano que se opuso a la construcción de una termoeléctrica en Morelos. Fue asesinado en febrero de 2019, días antes de que se celebrara un referéndum sobre el proyecto que él mismo había impulsado.

Cada uno de estos nombres representa una comunidad entera que perdió una voz, un tejido de resistencia que fue desgarrado.

Herramientas para la protección y la acción

Frente a este panorama, la impotencia es comprensible pero inaceptable. Existen mecanismos concretos que ciudadanos, organizaciones y comunidades pueden activar.

Mecanismos legales internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede otorgar medidas cautelares a personas en riesgo. El Acuerdo de Escazú, firmado por varios países latinoamericanos, establece obligaciones específicas de protección para defensores ambientales. Presionar a los gobiernos que aún no lo han ratificado —como México y Colombia— es una acción política concreta.

Redes de protección mutua. Organizaciones como Front Line Defenders, Protection International y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en México ofrecen recursos de seguridad digital, acompañamiento jurídico y visibilidad internacional. Conectar a activistas locales con estas redes puede marcar la diferencia.

Documentación y visibilidad. La luz pública es un escudo. Documentar amenazas, publicarlas en medios y redes sociales, y alertar a medios internacionales dificulta la impunidad. El caso de Berta Cáceres demuestra que incluso la visibilidad no garantiza la seguridad, pero sí aumenta el costo político de la represión.

Campañas de incidencia económica. Las empresas involucradas en la persecución de activistas son vulnerables a la presión de sus inversores, clientes y socios comerciales. Campañas de desinversión, cartas a juntas directivas y boicots coordinados han logrado resultados en el pasado.

Solidaridad desde las comunidades. Participar en marchas, firmar peticiones, difundir casos en redes sociales, donar a fondos de emergencia para defensores en riesgo: ninguna acción es demasiado pequeña cuando se suma a un movimiento colectivo.

Salvaguardar a quienes nos salvaguardan

Los defensores ambientales no protegen solo sus territorios. Protegen los pulmones del planeta, los acuíferos que todos compartimos, la biodiversidad de la que depende la vida. Su lucha es nuestra lucha, aunque muchos aún no lo sepan.

Salvaguardar a quienes defienden la tierra es una responsabilidad colectiva que trasciende fronteras. Exige que los gobiernos cumplan sus obligaciones de protección, que las empresas asuman responsabilidad por sus cadenas de valor, y que cada ciudadano consciente decida que el silencio cómodo ya no es una opción.

La tierra tiene defensores. Lo mínimo que podemos hacer es defenderlos a ellos.