El negocio de contaminar lejos de casa: cómo las multinacionales convierten a América Latina en su vertedero industrial
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Hay una frase que circula entre los activistas ambientales latinoamericanos con amarga precisión: «Lo que no pueden hacer en casa, lo hacen en la nuestra». No es retórica. Es una descripción casi literal de cómo operan algunas de las corporaciones más poderosas del planeta cuando se trata de gestionar sus residuos, sus procesos extractivos y sus cadenas de producción más dañinas.
La llamada deuda ecológica no es un concepto abstracto reservado para cumbres climáticas. Es el nombre técnico de una transferencia real: la transferencia de cargas ambientales desde los países ricos hacia los más vulnerables. Y América Latina, con su abundancia de recursos naturales, la debilidad histórica de sus instituciones reguladoras y la presión constante de necesitar inversión extranjera, ha sido durante décadas uno de los destinos predilectos de esta exportación invisible.
Dos estándares, una sola empresa
Tomemos un ejemplo documentado. Varias compañías mineras con sede en Canadá, Australia o el Reino Unido operan en esos países bajo esquemas estrictos de gestión de relaves, control de emisiones y consulta con comunidades locales. Sin embargo, filiales de esas mismas empresas en Perú, Guatemala o la República Dominicana han sido señaladas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por operar con estándares radicalmente inferiores: vertidos de metales pesados en cuencas fluviales, ausencia de procesos reales de consulta previa y represión de la protesta social.
Este doble rasero no es accidental. Responde a una lógica de maximización de beneficios que aprovecha las brechas regulatorias entre jurisdicciones. Cuando contaminar sale caro en el norte global —porque las multas son cuantiosas, la sociedad civil es vigilante y los medios de comunicación son independientes—, la solución empresarial ha sido, con demasiada frecuencia, relocalizarse donde contaminar sale barato.
El caso de la industria química y los cultivos transgénicos
La minería no es el único sector involucrado. La industria química y agroindustrial ha seguido patrones similares. Pesticidas prohibidos en la Unión Europea por su toxicidad para los ecosistemas y la salud humana continúan siendo producidos y comercializados en países latinoamericanos, en muchos casos por las mismas corporaciones que los fabricaban antes de que entraran en vigor las restricciones europeas.
En Brasil, Colombia y México, comunidades campesinas e indígenas han denunciado ante instancias nacionales e internacionales la presencia de agroquímicos cuyo uso está vedado en los países de origen de las empresas distribuidoras. Las consecuencias van desde la contaminación de acuíferos hasta el aumento de enfermedades crónicas en poblaciones rurales que dependen directamente del agua y la tierra para subsistir.
Las comunidades que pagan la cuenta
Detrás de cada estadística hay rostros. En la cuenca amazónica ecuatoriana, las comunidades indígenas achuar y kichwa llevan décadas conviviendo con los efectos de derrames petroleros que algunas empresas extranjeras dejaron sin remediar al retirarse de la región. La contaminación del suelo y el agua ha devastado ecosistemas enteros y ha generado tasas de cáncer y malformaciones congénitas que investigadores independientes han vinculado directamente con la exposición a hidrocarburos.
En Chile, las comunidades de Quintero y Puchuncaví —apodadas la «zona de sacrificio»— llevan generaciones respirando las emisiones de un complejo industrial que incluye fundiciones, termoeléctricas y refinerías. Muchas de estas instalaciones pertenecen o han pertenecido a consorcios con participación extranjera. Los niños de esas localidades presentan niveles de plomo en sangre que superan ampliamente los umbrales de alarma establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué mecanismos legales existen para exigir responsabilidades?
La respuesta honesta es: pocos, y con escasa efectividad práctica. Sin embargo, el panorama no es completamente sombrío.
En el ámbito internacional, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas —conocidos como Principios Ruggie— establecen que las corporaciones tienen responsabilidades que van más allá de las fronteras donde están registradas. Aunque no son vinculantes, han servido de base para litigios en los países de origen de las empresas.
En los últimos años, varios casos emblemáticos han avanzado precisamente en esa dirección. Tribunales holandeses ordenaron a Shell tomar medidas para remediar la contaminación causada por su filial en Nigeria. Tribunales franceses han admitido demandas contra empresas con sede en París por daños cometidos en el extranjero, amparados en la llamada Loi de Vigilance, una ley de debida diligencia empresarial aprobada en 2017 que obliga a las grandes corporaciones a identificar y prevenir riesgos ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor.
Esta legislación francesa es, hasta la fecha, una de las más avanzadas del mundo en este ámbito, y ha inspirado propuestas similares en otros países europeos y en el seno de la Unión Europea, donde se debate actualmente una directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad.
Lo que podemos hacer desde la ciudadanía
Exigir que los tratados comerciales entre la UE y América Latina incluyan cláusulas ambientales vinculantes y mecanismos de sanción reales es una demanda que la sociedad civil puede sostener con fuerza. El acuerdo entre la UE y el Mercosur, por ejemplo, ha sido objeto de críticas precisamente porque sus compromisos ambientales carecen de dientes.
Desde Salvaguardemos creemos que la solidaridad internacional no puede quedarse en las declaraciones. Significa también apoyar a las organizaciones que documentan estos abusos, compartir su trabajo, financiarlas cuando sea posible y presionar a los gobiernos europeos para que sus empresas respondan ante sus propios tribunales por lo que hacen fuera de sus fronteras.
El planeta no tiene fronteras. La responsabilidad tampoco debería tenerlas.
