Los verdaderos ganadores de la crisis climática: poder, dinero e inacción calculada
Hay una pregunta incómoda que pocas veces se formula con claridad en los grandes foros internacionales sobre cambio climático: ¿a quién le conviene que nada cambie? Porque detrás de cada cumbre fallida, de cada compromiso incumplido, de cada informe del IPCC que se archiva sin consecuencias, existe una arquitectura de intereses económicos y políticos que se beneficia directamente de la inacción.
Esta no es una teoría conspirativa. Es una realidad documentada por investigadores, periodistas y organismos multilaterales. Y sus consecuencias se sienten de manera desproporcionada en América Latina, una región que aporta menos del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero pero que figura entre las más vulnerables a sus efectos.
El negocio de seguir contaminando
Las veinte empresas más grandes del mundo en términos de emisiones históricas de carbono —entre ellas Saudi Aramco, Chevron, ExxonMobil, BP y Shell— son responsables de aproximadamente el 35% de todas las emisiones industriales de dióxido de carbono y metano desde 1965, según un informe del Carbon Disclosure Project. Estas corporaciones no solo han continuado expandiendo sus operaciones, sino que han destinado millones de dólares a financiar campañas de desinformación climática y a presionar a gobiernos para retrasar regulaciones ambientales.
ExxonMobil es quizás el caso más estudiado. Documentos internos revelados por investigaciones periodísticas demostraron que la empresa conocía con precisión los efectos de los combustibles fósiles sobre el clima desde la década de 1970, pero financió durante décadas a grupos que negaban la evidencia científica. Ese patrón no ha desaparecido: según el think tank InfluenceMap, las cinco mayores petroleras gastaron más de 200 millones de dólares en lobbying climático solo entre 2015 y 2019.
América Latina: el laboratorio de la extracción
La región latinoamericana ocupa un lugar particular en esta ecuación. Sus vastas reservas de petróleo, gas, minerales críticos y biodiversidad la convierten en un territorio codiciado por corporaciones transnacionales que operan, con frecuencia, bajo condiciones regulatorias más laxas que en sus países de origen.
El caso de la Amazonía brasileña ilustra esta dinámica con brutalidad. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación alcanzó niveles récord mientras se desmantelaban agencias de protección ambiental y se criminalizaba a defensores del territorio. ¿Quiénes se beneficiaron? Grandes exportadores de soja y carne vacuna, empresas madereras y mineras con intereses en la región. El impacto climático de esa destrucción —la Amazonía está siendo empujada hacia un punto de no retorno que convertiría partes del bosque en sabana— recaerá sobre el conjunto del planeta, pero principalmente sobre las comunidades más pobres de América del Sur.
En México, la política energética del gobierno federal ha priorizado la reactivación de refinerías y la producción de combustóleo, retrasando la transición hacia energías renovables bajo un discurso de soberanía nacional que, paradójicamente, beneficia a los mismos intereses que durante décadas explotaron los recursos del país.
Gobiernos capturados: cuando el Estado trabaja para las empresas
El fenómeno conocido como «captura regulatoria» —cuando las instituciones del Estado son colonizadas por los intereses que deberían regular— es endémico en la relación entre gobiernos latinoamericanos y empresas extractivas. No se trata solo de corrupción en el sentido más literal del término, aunque esta también existe y es abundante. Se trata de una imbricación estructural entre élites políticas y económicas que hace muy difícil implementar políticas climáticas ambiciosas.
En Colombia, la industria del carbón ha mantenido durante décadas una influencia determinante sobre las decisiones energéticas del país, a pesar de que el Departamento del Cesar y La Guajira —donde se concentra la minería de carbón— figuran entre las regiones con mayores índices de pobreza y conflicto ambiental. La empresa Cerrejón, operada por una multinacional, ha sido señalada repetidamente por desvío de ríos, contaminación del aire y desplazamiento de comunidades wayúu.
En Argentina, el desarrollo de Vaca Muerta —uno de los yacimientos de shale más grandes del mundo— ha sido presentado como una palanca de desarrollo económico, pero sus costos ambientales y su incompatibilidad con los compromisos climáticos del país rara vez se discuten en el debate público.
Las falsas soluciones: cuando el mercado finge actuar
Uno de los mecanismos más sofisticados para mantener el statu quo sin parecer inactivo es la proliferación de «soluciones» que no resuelven nada. Los mercados de carbono, en su forma actual, permiten a las empresas contaminar en un lugar mientras financian proyectos de compensación en otro, sin reducir realmente sus emisiones. Investigaciones recientes han demostrado que una parte significativa de los créditos de carbono certificados corresponde a proyectos forestales que no tienen el impacto que prometen.
El greenwashing —la práctica de presentar compromisos ambientales superficiales como transformaciones profundas— es otra herramienta habitual. Empresas que anuncian metas de «carbono neutro» para 2050 mientras expanden sus operaciones extractivas en el corto plazo no están resolviendo el problema; lo están gestionando comunicacionalmente.
¿Qué puede cambiar?
Reconocer quiénes se benefician de la inacción climática no es un ejercicio de pesimismo, sino el primer paso para desmantelar los obstáculos reales al cambio. Algunas líneas de acción son claras: la transparencia en el financiamiento de lobbies corporativos, la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles —que a nivel global superan el billón de dólares anuales según el FMI—, y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones energéticas.
En América Latina, el Acuerdo de Escazú representa un avance normativo significativo, aunque su implementación sigue siendo desigual. La presión ciudadana, el periodismo de investigación y la articulación entre movimientos sociales son fuerzas que han demostrado su capacidad de incidir, aunque sea de forma parcial, en las decisiones de los poderosos.
La crisis climática no es una fatalidad natural. Es, en gran medida, el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas por actores identificables, con nombres y apellidos, con balances contables y departamentos de relaciones públicas. Nombrarlos, documentar sus acciones y exigirles responsabilidad es también una forma de salvaguardar el planeta.
