La cuenta pendiente: cómo exigir que el Norte pague por siglos de saqueo ambiental en América Latina

Hay una deuda que no aparece en ningún balance financiero internacional, que no cotiza en los mercados de bonos y que ningún organismo multilateral ha contabilizado en su totalidad. Es la deuda ecológica: la obligación moral, histórica y —cada vez más— jurídica que los países industrializados tienen contraída con las naciones del Sur Global por siglos de extracción desmedida, contaminación exportada y apropiación de bienes naturales comunes.

América Latina es, quizás, la región donde esa deuda se hace más visible y más urgente. Sus bosques tropicales absorben el carbono que Europa y Norteamérica emiten. Sus cuencas hidrográficas alimentan cadenas de producción global. Sus subsuelos fueron vaciados de minerales que financiaron revoluciones industriales ajenas. Y sin embargo, son los países latinoamericanos quienes padecen con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático: sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades enteras.

Entender este desequilibrio no es un ejercicio retórico. Es el primer paso para reclamar.

Qué es exactamente la deuda ecológica

El concepto fue acuñado en los años noventa por economistas ecológicos y activistas del Sur Global, aunque su contenido es mucho más antiguo que el término. La deuda ecológica tiene al menos tres componentes diferenciados.

El primero es la deuda de carbono: los países ricos llevan más de dos siglos emitiendo gases de efecto invernadero de forma desproporcionada, ocupando una fracción del espacio atmosférico global que no les corresponde según su peso demográfico. El segundo componente es la biopiratería y la extracción de recursos: la apropiación de conocimientos tradicionales, semillas, minerales y biodiversidad sin compensación justa para las comunidades originarias que los custodiaban. El tercero es la exportación de contaminación: la práctica sistemática de instalar industrias sucias, minas tóxicas y vertederos en territorios del Sur porque allí las regulaciones son más débiles y la resistencia, más fácil de acallar.

Sumados, estos tres componentes configuran una transferencia masiva de riqueza que va desde la periferia hacia el centro del sistema global, y cuya magnitud supera con creces la deuda financiera que los países latinoamericanos mantienen con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Los mecanismos legales que están abriendo camino

Durante décadas, el reclamo por la deuda ecológica fue considerado una posición política radical sin traducción jurídica posible. Ese panorama está cambiando con rapidez.

Las demandas climáticas ante tribunales internacionales se han multiplicado en la última década. El caso más emblemático es la solicitud que varios estados insulares del Pacífico presentaron ante la Corte Internacional de Justicia para que emitiera una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados en materia climática. Aunque América Latina no es el centro de esa batalla, sus gobiernos pueden —y deben— sumarse activamente a estos procesos como terceras partes o como promotores de nuevas demandas.

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en constituciones como la de Ecuador ofrece otra palanca. Cuando un río o un ecosistema tiene personalidad jurídica, las empresas y los Estados que los dañan pueden ser demandados directamente. Varias comunidades indígenas en Colombia y Bolivia están explorando esta vía para exigir reparaciones a corporaciones transnacionales.

Los mecanismos de pérdidas y daños acordados en la COP27 de Sharm el-Sheij en 2022 representan el primer reconocimiento explícito, dentro del sistema de Naciones Unidas, de que los países vulnerables merecen compensación por los impactos climáticos que no causaron. El fondo creado entonces es insuficiente —apenas unos cientos de millones de dólares frente a necesidades que se calculan en billones—, pero su existencia establece un precedente político y normativo que puede ser ampliado mediante presión coordinada.

El papel de los gobiernos latinoamericanos

Algunos gobiernos de la región han comenzado a articular posiciones más ofensivas en los foros internacionales. La propuesta colombiana de crear un tribunal internacional del clima, impulsada por el presidente Gustavo Petro, o la iniciativa ecuatoriana Yasuni-ITT —que aunque fracasó en su momento abrió un debate sobre compensaciones por no explotar recursos— son ejemplos de que la diplomacia climática latinoamericana puede ir más allá de la posición defensiva.

Sin embargo, la coherencia interna es un requisito indispensable para que estos reclamos tengan credibilidad. Es difícil exigir reparaciones al Norte mientras se aprueban nuevas concesiones mineras o se desmantelan instituciones ambientales en casa. La deuda ecológica no puede ser una bandera que se agita en Ginebra y se olvida en las legislaturas nacionales.

Lo que pueden hacer las comunidades y la sociedad civil

No es necesario esperar a que los gobiernos actúen. La sociedad civil latinoamericana dispone de herramientas propias para avanzar en este terreno.

Las auditorías de deuda ecológica realizadas por organizaciones comunitarias permiten documentar con rigor el daño acumulado en un territorio: toneladas de mineral extraído, hectáreas deforestadas, acuíferos contaminados, enfermedades asociadas a la actividad industrial. Esa documentación es la materia prima de cualquier reclamo legal o político posterior.

Las alianzas transfronterizas entre comunidades afectadas por las mismas corporaciones —una minera que opera en Perú, Chile y Argentina simultáneamente, por ejemplo— multiplican la capacidad de presión y dificultan la estrategia empresarial de fragmentar la resistencia.

Finalmente, el litigio estratégico en jurisdicciones europeas y norteamericanas, donde las matrices de esas corporaciones tienen sede, ha dado resultados concretos. La condena a Shell en los Países Bajos por su contribución al cambio climático, o los avances judiciales contra Chevron por el desastre en la Amazonía ecuatoriana, demuestran que los tribunales del Norte pueden convertirse en escenarios favorables cuando la evidencia es sólida y la estrategia, bien construida.

Una deuda que crece con cada año de inacción

Cada temporada de huracanes más intensa, cada glaciar que desaparece en los Andes, cada comunidad costera que pierde su territorio ante el avance del mar añade intereses a una deuda que los acreedores del Norte prefieren no reconocer. Pero el reconocimiento no es condición para el reclamo.

América Latina tiene la historia, los argumentos y, cada vez más, las herramientas legales para convertir la deuda ecológica en una agenda política concreta. Hacerlo requiere coordinación, voluntad y la convicción de que la justicia ambiental no es caridad del Norte, sino una obligación que lleva siglos vencida.