Cómo el dinero extractivo financia la represión: el circuito oculto entre mineras y fuerzas de seguridad en América Latina

En la madrugada del 14 de marzo de 2022, agentes de la policía regional de Apurímac, Perú, irrumpieron en la comunidad de Fuerabamba con vehículos antimotines, escudos balísticos y armamento de control de masas. La comunidad llevaba semanas bloqueando el acceso a una de las minas de cobre más grandes del hemisferio. Lo que los residentes no sabían entonces —y que hoy consta en registros públicos revisados por este medio— es que una parte significativa del equipamiento utilizado esa noche había sido adquirida mediante fondos canalizados por la propia empresa concesionaria a través de convenios de «cooperación institucional» suscritos con el Ministerio del Interior.

Este caso no es una anomalía. Es un patrón.

El mecanismo: de la concesión al garrote

En varios países de América Latina existen figuras legales que permiten a empresas privadas suscribir convenios con instituciones del Estado —incluidas las fuerzas de orden público— bajo el eufemismo de «apoyo al desarrollo institucional». En la práctica, estas figuras funcionan como un canal de financiamiento directo mediante el cual las corporaciones extractivas trasladan recursos económicos a los mismos cuerpos encargados de garantizar la «seguridad» en las zonas donde operan.

En Colombia, la figura del «convenio de cooperación» ha sido utilizada por al menos seis empresas del sector minero-energético para dotar a unidades de la Policía Nacional de motocicletas, equipos de comunicación y material antidisturbios, según informes de la Defensoría del Pueblo publicados entre 2019 y 2023. En México, investigaciones de organizaciones como FUNDAR han documentado cómo empresas mineras de capital canadiense y chino han financiado la presencia de elementos de la Guardia Nacional en zonas de conflicto territorial activo. En Honduras, el patrón se repite con una brutalidad que ha costado decenas de vidas.

La lógica es tan simple como perturbadora: la empresa financia la infraestructura represiva del Estado, y el Estado la despliega para proteger los intereses de la empresa. El círculo se cierra sobre los cuerpos de quienes se atreven a decir no.

Criminalizar para extraer

Paralelamente al financiamiento directo del aparato policial, las corporaciones mineras han perfeccionado una segunda estrategia: la judicialización de la protesta. Mediante denuncias penales presentadas por las propias empresas o por funcionarios locales estrechamente vinculados a ellas, los defensores ambientales son acusados de delitos como «obstrucción de vías», «usurpación» o, en los casos más graves, «terrorismo» y «crimen organizado».

El resultado es una doble presión que aplasta la resistencia desde dos flancos: la violencia física en el territorio y la persecución judicial que obliga a los líderes comunitarios a destinar sus energías y recursos a defenderse en tribunales. Según datos del Programa de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la ONU, al menos el 40% de los activistas ambientales criminalizados en América Latina entre 2018 y 2023 enfrentaron procesos iniciados directamente por empresas extractivas o por funcionarios públicos con vínculos acreditados con dichas empresas.

"Cuando te detienen, cuando te llevan ante un juez, cuando tienes que pagar un abogado, ya no puedes estar en la asamblea comunitaria ni en el bloqueo", explica una lideresa indígena del norte de Guatemala que prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad. "Eso es exactamente lo que buscan."

El silencio cómplice de los marcos legales

Uno de los aspectos más inquietantes de este circuito es su carácter frecuentemente legal. Los convenios de cooperación empresas-policía no suelen violar ninguna norma explícita; en muchos casos, están expresamente previstos en legislaciones de inversión o en reglamentos internos de las fuerzas de seguridad. Esta legalidad formal actúa como escudo: cuando las organizaciones denuncian el vínculo, las autoridades responden que todo se ha realizado conforme a derecho.

Esta arquitectura normativa no es accidental. En las últimas dos décadas, los marcos regulatorios de varios países latinoamericanos han sido reformados —a menudo bajo presión de organismos multilaterales y tratados de libre comercio— para facilitar la inversión extranjera en el sector extractivo. Esas reformas incluyen, en ocasiones, disposiciones que amplían las capacidades de las fuerzas de seguridad en zonas de «interés estratégico nacional», categoría que tiende a coincidir sospechosamente con los territorios donde operan las grandes concesiones mineras.

Quiénes pagan el precio

Las víctimas de este sistema tienen rostros y nombres. Son en su mayoría indígenas, campesinos, mujeres rurales y jóvenes sin acceso a recursos legales ni visibilidad mediática. Global Witness registró 177 asesinatos de defensores ambientales en América Latina solo en 2022, convirtiendo a la región en la más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra. Pero los homicidios son solo la punta del iceberg: detrás de cada muerte hay decenas de detenciones arbitrarias, amenazas, desplazamientos forzados y procesos judiciales fabricados.

La impunidad es casi total. En la mayoría de los casos documentados, ni los autores materiales ni los intelectuales —corporativos o estatales— han enfrentado consecuencias penales significativas. Los mecanismos de denuncia internacionales, como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, carecen de fuerza vinculante y dependen de la voluntad política de Estados que, con frecuencia, son parte interesada en el problema.

Lo que se puede hacer

Frente a este panorama, diversas organizaciones de derechos humanos han impulsado propuestas concretas que merecen ser apoyadas y difundidas. La primera y más urgente es la prohibición explícita de los convenios de financiamiento privado a fuerzas de seguridad en contextos de conflicto territorial. Ninguna empresa debería poder costear el equipo con el que se reprime a quienes se oponen a sus proyectos.

La segunda línea de acción pasa por los mecanismos de debida diligencia obligatoria. La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva en esta dirección, aunque con limitaciones importantes. América Latina necesita instrumentos propios, con dientes y con perspectiva de derechos. El Acuerdo de Escazú, ratificado ya por 15 países de la región, ofrece una base jurídica que debe ser activada con más decisión política.

Finalmente, la transparencia financiera es indispensable. Los registros de convenios entre empresas extractivas y cuerpos de seguridad deben ser públicos, auditables y accesibles para las comunidades afectadas. Sin información, no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, el ciclo continúa.

Salvaguardar implica nombrar

Desde Salvaguardemos entendemos que proteger el planeta es inseparable de proteger a quienes lo defienden. Mientras las corporaciones extractivas puedan financiar impunemente los mecanismos de su propia protección represiva, la justicia ambiental seguirá siendo una promesa vacía. Nombrar este circuito, documentarlo y exigir su desmantelamiento no es radicalismo: es el mínimo ético que demanda una democracia que se tome en serio a sí misma.

La deuda no es solo ambiental. Es, también, una deuda de sangre.