Carbono histórico, deuda real: cómo poner precio a lo que el Norte le debe a América Latina

Cuando los negociadores climáticos de los países industrializados hablan de «responsabilidades comunes pero diferenciadas», suelen hacerlo en un lenguaje tan técnico que la injusticia de fondo queda sepultada bajo siglas y decimales. Sin embargo, detrás de esa jerga existe una aritmética brutal: desde la Revolución Industrial hasta hoy, un puñado de economías ricas ha consumido la mayor parte del presupuesto global de carbono que la atmósfera puede absorber sin desestabilizarse. América Latina, que históricamente ha emitido menos del 10 % del total acumulado, paga ya una factura desproporcionada en forma de sequías, huracanes, glaciares que desaparecen y cosechas que se pierden.

La pregunta que muchos movimientos sociales y algunos gobiernos progresistas de la región se hacen cada vez con más insistencia es esta: ¿cuánto se debe exactamente, quién lo debe y cómo se cobra?

El presupuesto de carbono como punto de partida

La ciencia climática ofrece una herramienta fundamental para responder esa pregunta: el concepto de presupuesto de carbono. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) estima que para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, la humanidad no puede emitir más de aproximadamente 500 gigatoneladas adicionales de CO₂ desde 2020. Si ese presupuesto se distribuyera de forma igualitaria entre todos los habitantes del planeta, cada persona tendría derecho a una cuota proporcional a su existencia en la Tierra.

El problema es que los países del Norte Global ya gastaron —hace décadas— la cuota que les correspondía y la de varios países más. Según datos del proyecto Global Carbon Project, Estados Unidos es responsable de alrededor del 25 % de las emisiones acumuladas desde 1850; la Unión Europea, de otro 22 %. En contraste, toda América Latina y el Caribe juntos no alcanzan el 9 %.

Esta asimetría histórica es la base sobre la que investigadores como el economista Jason Hickel han construido metodologías para calcular la «deuda de carbono». El procedimiento, aunque complejo en sus detalles, parte de un principio sencillo: si cada nación hubiera emitido únicamente en proporción a su población, los países ricos habrían «tomado prestado» espacio atmosférico que le pertenecía al resto del mundo. Ese préstamo no devuelto es la deuda.

De toneladas a dólares: las metodologías de valoración

Traducir el exceso de carbono a una cifra monetaria exige elegir un precio por tonelada. Aquí comienza el terreno disputado. Los gobiernos de los países ricos prefieren utilizar los precios del mercado de carbono, que históricamente han sido bajos y volátiles —en muchos momentos, inferiores a 10 dólares por tonelada—. Sin embargo, economistas críticos y organizaciones de la sociedad civil argumentan que el precio relevante no es el de mercado, sino el coste social del carbono: cuánto daño real causa cada tonelada emitida en términos de inundaciones, desplazamientos, enfermedades y pérdidas agrícolas.

Estimaciones recientes del coste social del carbono, publicadas en revistas como Nature Climate Change, sitúan esa cifra entre 185 y 400 dólares por tonelada cuando se incorporan efectos distributivos y se pondera el impacto sobre las poblaciones más vulnerables. Si se aplica ese rango al exceso histórico de emisiones de los países del G7 únicamente, la deuda climática con el Sur Global asciende a decenas de billones de dólares —una magnitud que supera con creces los compromisos de financiación climática negociados hasta ahora.

Para América Latina, organizaciones como la Fundación Heinrich Böll y el think tank colombiano Dejusticia han desarrollado marcos más específicos que incorporan tres componentes: el coste de adaptación (infraestructuras, sistemas de alerta temprana, protección costera), el coste de las pérdidas y daños ya sufridos (cosechas destruidas, viviendas anegadas, vidas truncadas) y el coste de oportunidad (el desarrollo que no ocurrió porque los recursos se destinaron a gestionar emergencias climáticas).

Los instrumentos legales disponibles

Saber cuánto se debe es necesario, pero insuficiente. La pregunta estratégica es cómo exigirlo. En este punto, el movimiento de justicia climática dispone de varias vías que conviene conocer.

La vía multilateral es la más visible. En las COP —las conferencias climáticas de Naciones Unidas— los países del Sur han logrado en los últimos años avances parciales: la creación del Fondo de Pérdidas y Daños en la COP27 de Sharm el-Sheij fue un hito simbólico, aunque los montos comprometidos siguen siendo insuficientes. Las delegaciones latinoamericanas que acuden a estas negociaciones con cifras propias, respaldadas por metodologías científicas auditables, tienen mayor capacidad de presión que las que se limitan a reclamar en términos morales.

La vía judicial gana terreno de forma sostenida. El dictamen consultivo que la Corte Internacional de Justicia está preparando sobre obligaciones climáticas —solicitado en parte por iniciativa del Pacífico insular, pero con implicaciones globales— podría establecer precedentes sobre la responsabilidad de los estados por sus emisiones históricas. Paralelamente, Colombia y Chile han impulsado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos que podría obligar a los estados a rendir cuentas.

La vía de la auditoría ciudadana es quizás la más accesible para la sociedad civil. Redes como Climate Accountability Institute producen bases de datos públicas sobre las emisiones históricas de los mayores emisores corporativos e institucionales. Usar esas bases para construir narrativas locales —cuántas toneladas emitió tal empresa en tal territorio, cuánto costó el huracán que arrasó tal región— convierte la deuda climática en algo concreto y comunicable.

Las cifras como herramienta política

No basta con calcular. Las cifras solo se vuelven poder cuando se insertan en estrategias de movilización. El movimiento Fridays for Future en su rama latinoamericana, la Alianza Climática de Pueblos Indígenas del Amazonas y redes como AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) han empezado a incorporar el lenguaje de la deuda climática cuantificada en sus comunicados, demandas judiciales y campañas de incidencia.

La lección que se extrae de experiencias como la de Ecuador —que intentó mantener el crudo del Yasuní bajo tierra a cambio de compensación internacional— es que sin una cifra concreta y una coalición que la respalde, la negociación se disuelve en buenas intenciones. El fracaso del Fondo Yasuní-ITT no fue solo político; fue también la consecuencia de no haber construido suficiente presión internacional organizada alrededor de un número claro.

Hoy, con metodologías más robustas y con una jurisprudencia climática en construcción, América Latina tiene más herramientas que nunca. Usarlas requiere que movimientos sociales, académicos y gobiernos progresistas compartan un lenguaje común: el de la deuda, el de las cifras y el de la exigencia.

La atmósfera no entiende de fronteras. Pero la justicia, para poder avanzar, necesita aprender a contar.