La economía que ya nació: cómo América Latina construye modelos circulares que el Norte se niega a ver

En los foros de Davos y en los pabellones de la COP, los representantes de las economías más ricas del mundo presentan la economía circular como una aspiración para las próximas décadas: un horizonte deseable pero aún lejano, que requiere inversión, tecnología y tiempo. Mientras tanto, en Medellín, en Oaxaca, en el Valle del Cauca y en los cerros de Lima, comunidades y colectivos llevan años demostrando que ese horizonte ya existe. Que no necesita ser inventado. Que, en muchos casos, fue destruido por el mismo modelo que ahora finge buscarlo.

Este reportaje no es sobre teorías. Es sobre lo que funciona, dónde funciona y por qué el mundo que toma decisiones globales prefiere no mirarlo.

Agroecología regenerativa: el caso del Cauca colombiano

En el departamento del Cauca, en el surocentro de Colombia, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) lleva más de dos décadas coordinando un sistema agrícola que integra principios de la cosmovisión nasa con técnicas de agroecología regenerativa. El resultado no es solo ambiental: es económico.

Las familias que participan en la red de «tulpas comunitarias» —espacios de producción colectiva donde se recuperan semillas nativas y se prescinde de agroquímicos— han reducido sus costes de producción en un promedio del 40% respecto a los agricultores que operan bajo el modelo convencional, según datos recogidos por la Universidad del Cauca. Al mismo tiempo, han aumentado la diversidad de cultivos de tres o cuatro variedades a más de treinta, lo que reduce drásticamente su vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

«El mercado nos dice que seamos eficientes produciendo una sola cosa», explica Luz Marina Quiguanás, coordinadora de la red de semillas de ACIN. «Pero la tierra nos dice que la diversidad es la única eficiencia real que existe».

El modelo no es autárquico ni anticomercial. Los excedentes se venden a través de mercados campesinos en Popayán y Cali, con precios diferenciados que reconocen el valor ambiental y cultural del producto. Varias cooperativas de consumo urbano han establecido contratos directos con las comunidades, eliminando intermediarios y garantizando ingresos estables.

Energía comunitaria en la Mixteca oaxaqueña

En el estado mexicano de Oaxaca, la región Mixteca enfrenta desde hace décadas un proceso acelerado de desertificación agravado por el cambio climático. Sin embargo, en municipios como San Juan Mixtepec y Tlaxiaco, cooperativas energéticas comunitarias han instalado sistemas fotovoltaicos de propiedad colectiva que no solo abastecen de electricidad a las comunidades, sino que generan excedentes que se venden a la red nacional.

Lo notable no es la tecnología —los paneles solares son los mismos que se instalan en cualquier tejado del mundo— sino el modelo de gobernanza. La asamblea comunitaria decide sobre la gestión del sistema, los ingresos se distribuyen según criterios aprobados colectivamente y una parte se reinvierte en un fondo de resiliencia climática que financia la recuperación de cuencas hidrográficas y la reintroducción de especies vegetales nativas.

Este modelo ha llamado la atención de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que lo estudian como alternativa al modelo de concesiones privadas que domina el sector energético en el país. «Es un ejemplo de que la transición energética puede hacerse sin desposeer a las comunidades de sus recursos», señala la investigadora Patricia Morales, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Economía circular urbana: la experiencia de Medellín

Medellín ha sido presentada internacionalmente como modelo de innovación urbana, aunque generalmente por sus transformaciones arquitectónicas y de movilidad. Menos conocido es el trabajo de la Red de Economía Solidaria del Valle de Aburrá, que agrupa a más de 200 emprendimientos dedicados a la reparación, reutilización y remanufactura de bienes de consumo.

Talleres de reparación de electrodomésticos, cooperativas de textiles que trabajan con retales de la industria de la moda, empresas sociales que transforman residuos orgánicos de restaurantes en compost para agricultura urbana: el ecosistema es diverso, pero comparte una lógica común. «Nosotros no vendemos descarte», dice Jorge Iván Restrepo, fundador de Repara Colectivo, un taller que emplea a personas en situación de vulnerabilidad para reparar dispositivos electrónicos. «Vendemos tiempo de vida para los objetos y para las personas».

Lo que hace especialmente relevante este caso es su viabilidad financiera. Repara Colectivo genera ingresos suficientes para mantener a doce trabajadores con salarios por encima del mínimo, sin subsidios estatales. Su cliente principal no son organizaciones solidarias, sino consumidores urbanos de clase media que han encontrado en la reparación una alternativa económicamente razonable frente al ciclo de compra-descarte.

El problema de la invisibilidad global

Si estas iniciativas funcionan —y los datos indican que lo hacen—, ¿por qué no son el centro de la conversación global sobre economía circular? La respuesta incómoda tiene que ver con quién controla esa conversación.

Los grandes informes sobre transición económica que producen el Foro Económico Mundial, la OCDE o el Banco Mundial tienden a presentar soluciones que requieren capital intensivo, tecnología patentada y financiamiento externo. Las soluciones que emergen de comunidades latinoamericanas, en cambio, son intensivas en conocimiento local, en organización social y en recursos propios. No generan dependencia tecnológica. No crean mercados para las empresas del Norte. Y eso, precisamente, las hace políticamente inconvenientes para quienes dictan los términos del debate global.

Existe también un problema de nomenclatura. Cuando una comunidad nasa en el Cauca lleva treinta años practicando la rotación de cultivos, la recuperación de semillas y el intercambio sin dinero, no lo llama «economía circular». Lo llama vida. Y precisamente porque no habla el idioma de los informes técnicos, sus prácticas no aparecen en las bases de datos que alimentan las políticas globales.

Lo que América Latina puede exigir

Reconocer estas experiencias no es solo un acto de justicia simbólica. Tiene implicaciones políticas y financieras concretas. Si los modelos comunitarios latinoamericanos de economía circular son formas válidas —y probadas— de reducción de emisiones, recuperación de ecosistemas y bienestar humano, entonces deben ser elegibles para los fondos climáticos internacionales que actualmente se canalizan casi exclusivamente hacia grandes proyectos de infraestructura.

La demanda es clara: que el Fondo Verde para el Clima, el mecanismo REDD+ y los nuevos instrumentos financieros que surjan del Acuerdo de Pérdidas y Daños incluyan criterios explícitos para financiar iniciativas de escala comunitaria. Que los gobiernos latinoamericanos presionen en ese sentido en los espacios de negociación multilateral. Y que la sociedad civil regional construya los argumentos —técnicos, jurídicos y políticos— para sostener esa presión.

La economía circular que el Norte promete para dentro de veinte años ya existe en América Latina. El problema no es de invención. Es de reconocimiento, de financiamiento y, en última instancia, de poder.